miércoles, 15 de julio de 2015

Los líos jurídicos que le aparecieron a la consulta antitaurina en Bogotá

Más enredado que nunca se encuentra el proyecto radicado por un grupo de ciudadanos y el Distrito en el Concejo de Bogotá para darle viabilidad a una consulta popular que ponga a consideración del pueblo si hay o no tradición taurina en la capital.

Además de ser un proyecto polémico –le costaría a una ciudad llena de prioridades más de 35.000 millones de pesos–, varios constitucionalistas, académicos y hasta la propia Registraduría Nacional han puesto sobre la mesa las trabas que habría para llevar a cabo la jornada, por lo menos el próximo 25 de octubre.

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Algunos expertos advierten que el Concejo de Bogotá, al tener solo facultades administrativas, no debería, ni siquiera, discutir la viabilidad de un proyecto que solo le concerniría al Congreso de la República, la única institución encargada de debatir y cambiar lo referente a la Constitución y la ley.

Santiago García, abogado experto en derecho constitucional y profesor de la Universidad Javeriana, explica que aunque la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, no todos los temas son susceptibles de discutirse por esta vía. “El primer escollo es de competencia. Los alcaldes y gobernadores solo pueden proponer consultas sobre temas de su competencia, como el día sin carro o la ciclovía, pero no de temas como un impuesto de renta”.

De otro lado, la Ley 916 de 2004 dice que las plazas de toros permanentes se construyen para el uso privilegiado de las corridas de toros, y la sentencia T296 de 2013 ordenó que la Alcaldía no puede hacer actuaciones administrativas que dilaten el regreso de los toros a la Santamaría. “Para contrariar eso habría que tumbar esa ley por medio de un referendo derogatorio, otro mecanismo de participación un poco más complejo. No toda participación del pueblo tiene carácter de poder absoluto”.

Aunque García explica que lo que hace el Concejo de Bogotá al discutir sobre la formulación de la pregunta está bien, “la convocatoria del Alcalde está viciada porque el cuestionamiento busca, implícitamente, derogar la Ley 916 de 2004, y eso solo lo puede hacer el Congreso vía referendo derogatorio”.

Agrega que no se puede probar la existencia de una tradición a través del ‘sí’ o el ‘no’. “En el caso hipotético de que se aprobara la consulta, sus resultados no tendrían aplicación jurídica. Se invertiría una suma millonaria en lo que terminaría siendo una encuesta solo para enmarcar. Ahí debe haber responsabilidad fiscal”, añadió el experto.

Según un concepto de la Universidad Externado, hay que tener en cuenta varias consideraciones a la hora de plantear una pregunta que excluya la realización de corridas de toros y novilladas en Bogotá por varias razones: hay un estatuto taurino vigente, un establecimiento creado con el propósito de realizar corridas de toros, y se han celebrado estas actividades de forma ininterrumpida en la ciudad.

Según el constitucionalista Alfonso Palacios Torres, del Externado, la pregunta que se plantea: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá, Distrito Capital?”, muestra una dudosa adecuación constitucional de una pregunta que indaga sobre el carácter de tradición con arraigo cultural de las corridas de toros en Bogotá. “La tradición cultural existe o no, para eso no hay que preguntarle al pueblo, más bien pedir un concepto sociológico o antropológico. Eso es independiente de la aprobación mayoritaria de los ciudadanos”.

Finalmente, Torres explica que la consulta popular tiene límites en la competencia de quien la convoca para decidir sobre el asunto consultado. “No se deben violar derechos y principios reconocidos en la Constitución Política, como lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia T-123 de 2009”.

Según el experto, será una labor del Concejo de Bogotá estudiar si la pregunta que se realiza es la correcta para frenar los espectáculos taurinos en Bogotá. “El Alcalde tiene facultades policivas para evitar que se hagan espectáculos taurinos en escenarios públicos solo si se afecta el orden público”.

En caso tal de que el Concejo de Bogotá le diera el sí a esta pregunta u otra reformulada, esta tendría que pasar a revisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca para un control constitucional, y este, 15 días después, tendría que emitir un pronunciamiento. “Si les parece que falla en algo, se frena el proceso”, dice Torres.

No es que no se le pueda consultar al pueblo sobre un tema tan susceptible como la protección o el maltrato animal o sobre las tradiciones culturales, sino que se debe contemplar una discusión sobre qué competencias tiene el que la formula, si son solo territoriales o no. “El día de mañana, la Corte Constitucional podría privilegiar la protección de los animales por encima de los deseos de una minoría, pero hoy eso no se ha hecho. Hay una estatuto taurino”, agrega Torres.

Según el gerente de la Corporación Taurina, Felipe Negret, la consulta popular no es viable. “El alcalde Gustavo Petro es un mal perdedor y además está muy mal asesorado por Guillermo Reyes, antes uribista y hoy petrista, quien hoy hace parte de la terna para ser registrador. La consulta que plantea viola los derechos constitucionales”. Hasta los concejales de Bogotá podrían tener pérdida de investidura al tramitar la viabilidad de la consulta. “Es un error firmar este tipo de iniciativas que no corresponden a su fuero”, concluye.

Distrito defiende proyecto

En el concepto de consulta popular que se remitió ayer a la presidenta del Concejo de Bogotá, Nelly Patricia Mosquera, el Distrito explica que el proyecto para la consulta popular es producto de varias discusiones ciudadanas, debates políticos y análisis académicos. “Esta administración estimó que la solicitud presentada cumplía con todos los requisitos para que sea estudiada por el Concejo de Bogotá y luego por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

Dicen además que hay que reconocer los pilares de la Constitución que defienden la participación ciudadana, no solo en el control político, sino en diferentes esferas de la sociedad, como a través de una consulta popular.

Animalistas dicen que hay ‘tufillo’ electoral en la consulta

Andrea Padilla, vocera de Anima Naturalis, organización que promueve los derechos de los animales, decidió tomar distancia del proyecto radicado por el alcalde Petro por considerarlo “poco incluyente”.

Explicó que no quieren una consulta popular en época electoral y que lo mejor es que se formule un proyecto mejor estructurado.

Agregó que la pregunta debe restringirse mejor a lo relacionado con el uso de la plaza de Santamaría. “La pregunta correcta debe estar orientada a la autonomía de los entes territoriales. Por ejemplo, si los bogotanos están de acuerdo con que se use la plaza de toros de Santamaría para las corridas”. Agregó que lo importante es que la pregunta se haga bien formulada, consultando a juristas y no a través de un proyecto que no ha sido participativo. “Eso sí, la democracia cuesta”, agregó.

‘Consulta lleva tiempo’

El registrador delegado para asuntos electores, Alfonso Portela, dijo que si se tienen en cuenta los tiempos que establece la ley de participación ciudadana, no hay tiempo para realizar la consulta popular que plantea el alcalde Gustavo Petro.

¿Por qué no se alcanza a realizar la consulta popular?

Solo faltan tres meses para las elecciones. Hay que agotar siempre unos trámites que toman mucho tiempo.

Si la consulta va a tratar un tema meramente pedagógico, de igual forma hay que hacer trámite ante las autoridades correspondientes para saber si es procedente o no dicha actividad electoral.

¿Cuánto le costaría a la ciudad dicha consulta?

Realizar la consulta le costaría a la ciudad lo mismo que se pensó en su momento para la revocatoria del alcalde Gustavo Petro. Estamos hablando de 30, 35 o 45.000 millones de pesos.

¿Quién pondría esos recursos?

Habría que hablar con el Ministerio de Hacienda para que asignara los recursos, demostrarles que hay justificación, generar una convocatoria. Eso, en menos de tres meses, es difícil.

¿Se podría cumplir con la logística que requiere una actividad de esta envergadura?

No se podría cumplir porque toda la construcción electoral está diseñada para tres tarjetas electorales; así, también se establecieron contratos para manejo de datos. Adicionar una más es ampliar la logística, incluso para informarles a los ciudadanos qué ocurriría con una eventual consulta.

Carol Malaver / El Tiempo
carmal@eltiempo.com
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